Cuando con motivo de la separación o el divorcio se produzca un desequilibrio económico en uno de los cónyuges en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento de su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o bien un una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia judicial.

Los cónyuges pueden de mutuo acuerdo determinar el importe. De no ser posible este acuerdo el Juez lo determinará en la sentencia teniendo en cuenta las circunstancias siguientes, o cualquier otra relevante:

• Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges.
• La edad y el estado de salud.
• La calificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
• La dedicación pasada y futura a la familia.
• La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
• La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.
• La pérdida eventual de un derecho de pensión.
• El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

En la resolución judicial deberán fijarse las bases para actualizar la pensión (habitualmente IPC publicado por organismo competente), así como las garantías para su efectividad.

En caso de separación judicial, previa la divorcio, deberá solicitarse la pensión, ya que en otro caso perece el derecho a solicitarlo en un procedimiento posterior.

El importe de la pensión podrá modificarse por alterarse sustancialmente la fortuna de uno u otro cónyuge.

En cualquier momento, la pensión podrá convertirse en una renta vitalicia, usufructo de bienes o entrega de un capital de bienes o dinero.

El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el beneficiario nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona.